Gobernabilidad y estabilidad frente a proporcionalidad

Siempre he sido partidario de un sistema electoral que prime la gobernabilidad a pesar de la cada vez más extensa opinión favorable a aumentar la proporcionalidad. La mayoría de los sistemas electorales incorporan métodos de asignación de escaños con correctores y límites para proporcionar un escenario parlamentario estable. Aquellos que no lo hacen obtienen periodos de escasa gobernabilidad.  

Permitidme adjuntaros un enlace a un artículo que publiqué al respecto en Diario de Burgos hace años cuando me responsabizaba de la Secretaría de Acción Electoral en la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Burgos: http://www.diariodeburgos.es/noticia.cfm/Opini%C3%B3n/20100330/estabilidad/prioridad/ABA278C7-D640-CD17-C5501C09D5EFF090

Del mismo modo ayer encontré este oportuno artículo de opinión de Andrea Betti y Gabriel Echeverría en "El Huffington Post", el cual aborda la cuestión comparando la experiencia parlamentaria italiana con la española, arrojando una conclusión que no hace sino confirmar la mía. Yo mismo he recurrido en no pocas ocasiones al ejemplo italiano para intentar objetivizar lo mejor posible mi opinión. Os animo a que la conozcáis:

Lecciones de gobernabilidad italiana para España 

Mientras que en Italia las principales fuerzas políticas se encuentran en estos días empeñadas en una difícil negociación para simplificar el sistema político y hacerlo más gobernable, en España, tras años de estabilidad y sustancial bipartidismo, una parte significativa de la opinión publica plantea la necesidad de reformar el sistema para garantizar una mejor representación de los partidos menores y la posibilidad de gobiernos de coalición. Esta divergencia encuentra explicación en la historia reciente de los dos países. Por un lado, la fragmentación política de Italia, donde la formación del Gobierno ha necesitado de abultadas e incoherentes coaliciones; por otro, la solidez del sistema español, donde la formación del Gobierno ha sido principalmente cosa de dos: o socialistas o populares.

La comparación de estas dos experiencias invita a reflexionar sobre un tema fundamental: la relación entre gobernabilidad, entendida como la capacidad del sistema político de responder de forma eficaz a las necesidades de la comunidad política, y representación, entendida como la capacidad de acoger de forma lo más amplia posible, las demandas y sensibilidades existentes en la comunidad política. En las democracias contemporáneas los dos principios son evidentemente imprescindibles. Sin embargo, la relación entre los dos es conflictiva puesto que sus objetivos responden a lógicas diferentes. La gobernabilidad se mide en la capacidad de tomar decisiones y, por tanto, en la necesidad de seleccionar las demandas que la acción política debe atender. La representación, en cambio, busca dar voz a la mayor variedad posible de opiniones, visiones del mundo e intereses. Resulta evidente que mientras más demandas se representan, más difícil será construir síntesis que conduzcan a decisiones legítimas. Viceversa, mientras menos voces se atienden mas fácil será decidir y, por ende, gobernar. 

La relación entre estos dos principios no es equiparable a un juego de suma cero, por el cual el aumento del uno signifique la disminución del otro. Y es que, en política, mientras es posible alcanzar gobernabilidad sin representación, como en el caso de una dictadura, lo contrario, o sea, representación sin gobernabilidad, no puede existir. Si un sistema político, por atender la representación no logra tomar decisiones y transformarlas en políticas públicas, termina por traicionar a todos los representados puesto que, finalmente, ninguna demanda es atendida.

En política, no existen fórmulas ideales, válidas para toda época o universalmente aplicables. Cada país, al construir su propia arquitectura institucional, o al intentar modificarla, deberá dosificar estos dos principios y encontrar un equilibrio adecuado a sus necesidades. En este sentido, si bien es cierto que cada experiencia es diferente, el caso italiano ofrece algunas lecciones sobre los riesgos para un sistema en el que exista un pronunciado y prolongado déficit de gobernabilidad. 

La incapacidad de las fuerzas políticas italianas de reformar la Constitución y una serie de leyes electorales incoherentes (1993, 2005) han generado un sistema político caracterizado por la fragmentación de la representación, la debilidad de los gobiernos y el poder de veto de los partidos menores. Esto ha determinado una creciente disfuncionalidad del sistema que ha terminado por afectar de manera evidente tanto a la cantidad como a la calidad de las políticas públicas producidas. Algo que tiene relevantes consecuencias tanto a nivel económico, como demuestra el sustancial estancamiento económico de los últimos 20 años o la insostenible situación de la deuda pública, como a nivel político, donde el fenómeno de la antipolítica se ha difundido de forma preocupante.

Las razones del déficit de gobernabilidad del sistema político italiano residen en dos aspectos fundamentales del sistema institucional. Por un lado, la experiencia traumática del fascismo provocó que quienes redactaron la Constitución italiana y diseñaron su sistema político optaran por limitar el poder del ejecutivo, restringiendo considerablemente el poder del primer ministro. A diferencia del presidente del Gobierno español, por ejemplo, el primer ministro italiano no dispone, ni en el papel ni en la práctica, de la facultad de despedir a sus ministros, o carece del poder de disolver al parlamento y llamar a nuevas elecciones. De la misma manera, al no existir una moción de censura constructiva, el Gobierno se ve permanentemente expuesto a los juegos y vetos de las fuerzas parlamentarias, que pueden retirarle la confianza en el momento en que lo deseen. Por otro lado, las diferentes leyes electorales que se han sucedido han sido hasta el momento ineficaces a la hora de reducir la fragmentación y favorecer resultados que otorguen a una fuerza política, o a una coalición no excesivamente heterogénea, un mandato electoral claro que le permita gobernar. 

Resulta evidente que, en lo que se refiere a la relación entre gobernabilidad y representatividad, España e Italia se encuentran en dos momentos históricos diferentes. En España la gobernabilidad ha sido decididamente mayor, aunque a costa de un sistema sustancialmente bipartidista. Para bien o para mal, esto ha permitido a los gobiernos llevar a cabo sus programas y a los electores juzgarlos en las urnas. En Italia, al contrario, lo que podría considerarse como un sistema más representativo (más partidos en el Parlamento y gobiernos de coalición), en realidad lo ha sido solo en apariencia.

La escasa gobernabilidad no ha permitido que las demandas de la sociedad se traduzcan de manera efectiva en políticas públicas, ni que los electores puedan distinguir claramente a los responsables de los repetidos fracasos. Por ello, al interesarse España sobre una reforma del sistema electoral que aumente los espacios de representación, algo que en principio siempre es deseable, es importante tomar en cuenta las exigencias de la gobernabilidad. En estas semanas, Italia está luchando fatigosamente para que se imponga un modelo de democracia capaz de crear gobiernos duraderos que produzcan decisiones claras y sujetas al control electoral. Sin estas imprescindibles reformas, el sistema italiano parece condenado a oscilar entre la opción de gobiernos débiles sin capacidad de decidir o entre grandes coaliciones capaces solo de "cambiar todo para que nada cambie".

 Andrea Betti y Gabriel Echeverría

Foto: Bronca en la Cámara de Diputados del Parlamento italiano el 26 de octubre de 2011 (vía Antena 3)

Fútbol y política. Matrimonio de conveniencia.

Hace ya mucho que dejé de negar lo evidente. El fútbol y la política están intrínsecamente ligados. Dicho ésto, siempre he tenido una opinión muy crítica sobre muchas de las actuaciones y comportamientos a los que nos tienen acostumbrados algunos responsables de varias entidades deportivas. 

Éstos, en lugar de dar ejemplo evitando cualquier oportunidad que provoque un enfrentamiento político a través del fútbol, hacen todo lo contrario, permitiendo e incluso participando de actuciones más propias de líderes políticos que de representantes de clubs o federaciones deportivas. No se trata de que me parezca mal algo que a mi modo de ver es normal, sino que la actitud de aquellos que ostentan responsabilidiades en el mundo del fútbol, sea la de utilizar el fútbol para sus propios intereses o fines políticos.

Hace unos años, en octubre de 2012, Jordi Badía publicó un artículo en El País que me parece muy apropiado para reflexionar sobre este asunto.  Tal como he apuntado anteriormente y así como él señala en ese mismo artículo, creo que "el problema no es esta convivencia, sino el uso que se hace del deporte en cuanto instrumento al servicio de la actividad política"(adjunto íntegramente su artículo):

La política ha pegado un acelerón en Cataluña. Y el FC Barcelona, primera institución deportiva del país, no se ha librado de la sacudida. Su presidente, Sandro Rosell, intentó dejar a la institución al margen, con el argumento de las distintas sensibilidades que la conforman. Sin embargo, pronto tuvo que rectificar.

Rosell empezó participando en la manifestación del Onze de Setembre a título personal y acabó por declarar ante la asamblea de socios compromisarios: “La institución siempre será fiel a su historia y a sus convicciones. Siempre defenderemos nuestras raíces y el derecho de los pueblos a decidir su futuro. Somos parte de la sociedad catalana y siempre defenderemos la voluntad de la mayoría. Queremos que nos entiendan y nos acepten tal como somos: catalanes”.

Entremedio, el Camp Nou había coreado “independencia” por primera vez en la historia de un partido del equipo azulgrana, como aconsejando a su presidente que no son tiempos para ambigüedades. Y ya se sabe que el próximo domingo el clamor por la independencia de Cataluña volverá a oírse ante el Real Madrid y que la presencia de estelades será masiva porque sus partidarios no piensan desperdiciar un partido de tamaña repercusión mundial.

Esta efervescencia independentista se vive de forma muy distinta en Cataluña y en el resto del Estado español, lógicamente, y el FC Barcelona, como entidad transversal, con seguidores en ambos lados sentimentales, lo padece internamente. Hace unos días, el tenista y culé Carlos Moyà publicó en este mismo diario un artículo en el que pedía dos cosas: que nadie le expulsara del barcelonismo por no ser catalán y que no se mezclara el deporte con la política. Por lo primero no debería temer porque no sucederá. Por lo segundo, tampoco debería sufrir, más que nada porque es inevitable.

Deporte y política han mezclado siempre. De hecho, el origen mismo del deporte tiene raíces sociopolíticas. Los sociólogos Norbert Elias, alemán, y Eric Dunning, inglés, han demostrado el papel del deporte como agente civilizador: la transformación de los pasatiempos ingleses en deportes reglamentados a partir de los siglos XVIII y XIX habría actuado en paralelo a la parlamentarización de las facciones políticas inglesas y ambos procesos habrían contribuido a cambiar las estructuras de poder en Inglaterra y a civilizar los hábitos sociales de la aristocracia y los caballeros ingleses, tanto por lo que se refiere a sus relaciones políticas como por lo que respecta a su manera de divertirse, en un sentido menos violento y basándose en unas normas reglamentadas y aceptadas por todos los participantes. Y entremedio, como bien han explicado los historiadores Xavier Pujadas y Carles Santacana, los clubes deportivos surgieron como intermediarios entre la reglamentación y los practicantes y los espectadores, en cuanto asociaciones que contribuyen a la sociabilidad deportiva a partir de agrupar a sus asociados por afinidades territoriales, de género, socioprofesionales, ideológicas, generacionales, etcétera.

El caso del FC Barcelona es paradigmático. Su vinculación con Cataluña es casi inmediata a su fundación. Un dato comparativo con el Real Madrid vale para entender su significado sociopolítico. Su masa social pasó entre 1921 y 1924 de 4.302 a 12.207 socios coincidiendo, por un lado, con el mito Josep Samitier y la construcción del estadio de Les Corts, y por otro lado, con el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera y el advenimiento de la dictadura, que dio al FC Barcelona un valor de refugio simbólico. Por su parte, el Real Madrid tenía 1.000 socios en 1922 y no llegó a los 5.000 hasta el año 1933. Que los clubes y las asociaciones deportivas tenían una significación cultural, social y política, fruto de las diversas tradiciones que las habían motivado, lo supo de inmediato el franquismo y por esta razón actuó de manera represiva contra las consideradas desafectas por ser próximas a postulados obreristas, republicanos o nacionalistas.

No nos engañemos: tampoco las democracias han renunciado nunca a aprovechar la potencia social del deporte. Basta con pensar en los Juegos Olímpicos, el Mundial de fútbol o la Copa Davis de tenis para comprender el valor nacionalista del deporte.

Es cierto: el deporte, la práctica deportiva propiamente, no es política en sí misma. Sin embargo, es inevitable que disciplinas con tanto arraigo social y, por ello, de tanta trascendencia convivan con la política. El problema no es esta convivencia, o conllevancia casi, sino el uso que se hace del deporte en cuanto instrumento al servicio de la actividad política; entonces puede ser positivo o negativo, a beneficio individual o colectivo. Sucede que estas cualidades casi siempre son relativas y siempre dependen de la perspectiva del observador."

El la foto arriba a la izquierda, una imágen del derby castellano Valladolid - Burgos con sus dos capitanes recogiendo la bandera de Castilla y León. Estos enfrentamientos no estuvieron exentos de altercados a principios de la década de los 90. En la foto arriba a la derecha, imágen de las aficiones del Celtic y el Rangers en Glassgow (Escocia). Dos hinchadas muy marcadas políticamente: católicos separatistas frente a protestantes unionistas. Abajo a la izquieda la selección autonómica del País Vasco reclamando el reconocimiento oficial como nación para "Euskalerría". Abajo a la derecha, pancarta en el Camp Nou en un clásico Barcelona - Real Madrid con la frase "Cataluña no es España".

El porqué de las cosas. Influencias del pensamiento político.

Todos estamos influenciados en nuestra manera de ver las cosas. En mi caso, a lo largo de mi vida he ido descubriendo distintas visiones de los grandes pensadores, en ocasiones (las menos) por obligación académica y la mayoría por pura inquietud y afán de descubrimiento. Todo ello unido a la experiencia personal que cada uno va adquiriendo en la vida, configura el conjunto de principios y valores de cada persona.

No es fácil enumerar a todos los intelectuales, filósofos, sociólogos, economistas, politólogos y escritores que han dejado huella en mi manera de interpretar el mundo, pero si tuviera que elegir a "mis 7 magníficos" serían los que señalo en esta publicación. No es difícil al repasar cada uno de ellos adivinar que para mí, si hay un periodo que revolucionó el pensamiento político esa fue la Ilustración.  

Si bien es muy difícil sintetizar en un post qué es lo que me atrajo de cada uno de ellos, al menos tendréis una idea aproximada del por qué pienso de determinada manera sobre algunas cosas. 

Montesquieu (1689-1755): Si bien su prisma socioeconómico estuvo impregnado por John Locke (uno de los padres del liberalismo) lo que me fascinó fue su obra más política El Espíritu de las Leyes, donde se habla por primera de la separación de poderes en el Estado, principio fundamental en los sistemas políticos en los últimos tres siglos. 

Rousseau (1712-1778): Su “contrato social”, en mi opinión la obra cumbre de la Ilustración. Padre de la nueva política. Ingeniero del Estado republicano, donde el poder reside en un pueblo que legisla. “El poder que rige a la sociedad es la voluntad general que mira por el bien común de todos los ciudadanos”. Mediante El Contrato Social, Rousseau abre paso a la democracia, de modo tal que todos los miembros reconocen la autoridad de la razón para unirse por una ley común en un mismo cuerpo político. El ideal político se basa en la autonomía racional con la que los ciudadanos  se entregan al pacto social.
 
Bentham (1748-1832): Padre del utilitarismo. En su obra más representativa Introducción a los principios de moral y legislación. Su defensa de que el objetivo último de lograr “la mayor felicidad para el mayor número” le acercó a corrientes políticas progresistas y democráticas.  

Stuart Mill (1806-1873): En su obra Sobre la libertad lleva a cabo una apasionada defensa de la libertad de expresión. Defiende el discurso libre como una condición necesaria para el progreso social e intelectual. Mantuvo que la libertad social es “la naturaleza y límite del poder que puede ser legítimamente ejercitado por la sociedad sobre el individuo”. Mill pudo ser el primer pensador feminista de la historia, defensor nato de la educación de la mujer y su protagonismo social. En su libro El utilitarismo desarrolló el “principio de la mayor felicidad” de Bentham por el cual uno debe actuar siempre con el fin de producir la mayor felicidad para el mayor número de personas. 

Bernstein (1850-1932): Tal vez el más importante exponente de la socialdemocracia. En su obra Las tareas del socialsimo y las premisas de la socialdemocracia afirma que las predicciones del marxismo son erróneas. Los obreros ya viven mejor, el capitalismo es más fuerte y existe ya legislación social, lo que conduce a una revisión y corrección del pensamiento clásico marxista. Su pensamiento adopta algunos valores liberales como positivos para enriquecer el socialismo. Defiende el sufragio universal como herramienta indispensable en defensa de la clase obrera. “Los socialistas han de ser el partido del proletariado pero no la dictadura del proletariado”. No es precisa una revolución violenta para llegar al socialismo, sino una evolución por medio del sindicalismo y la acción política pacífica. 

Keynes (1883-1946): Clave en las políticas económicas desarrolladas por gobiernos de corte socialdemócrata y social-liberal. La principal conclusión de su análisis es una apuesta por la intervención pública directa en materia de gasto público que permite cubrir la brecha o déficit de la demanda agregada. 

Bobbio (1909-2004): Demócrata por encima de cualquier otra cosa. La democracia como conjunto de valores para la toma de decisiones colectivas. A camino entre el socio liberalismo y la socialdemocracia ha analizado las ventajas y desventajas del liberalismo y del socialismo. La Democracia, los derechos y la paz como ideales fundamentales. Por destacar dos de sus obras que he leído Igualdad y Libertad y Derecha e Izquierda.

Ser capaces de demostrar. Este es el reto.

“Otra forma de ser, otra forma de gobernar”. No es la primera vez que recurro al lema que el PSOE utilizó en la campaña de las elecciones municipales y autonómicas de 2003. Me resulta muy representativo de lo que los socialistas debemos ser capaces de demostrar.

 

No cabe duda que en la etapa comprendida entre mayo de 2010 y noviembre de 2011 echamos por tierra toda nuestra credibilidad. La gestión que hizo el Gobierno socialista estuvo muy alejada de lo que se esperaba de un partido socialdemócrata.

Desde entonces, todos los afiliados y simpatizantes del Partido Socialista hemos realizado un detenido análisis del por qué se tomaron las decisiones que se tomaron al frente del Gobierno. Hemos reflexionado profundamente sobre nuestros principios y valores, sobre lo que significa ser socialista en el siglo XXI y lo que espera de nosotros la mayoría social de este país.  Hemos debatido durante dos años sobre cuál debe ser nuestra propuesta política y cómo tenemos que explicarla y presentarla desde las instituciones y ante los ciudadanos.

Las conclusiones de todo ello fueron anunciadas en la pasada Conferencia Política de noviembre. Si tuviera que resumir en una palabra lo que allí concretamos y ya que he empezado hablando de lemas, me quedo con el que se utilizó para la propia conferencia: Conectamos. 

Conectar es asumir errores, es hacer propósito de enmienda pero de verdad, es poner a disposición de la gente esta extraordinaria herramienta política que es el PSOE. Conectar es escuchar, es abrir el partido a la participación activa de los ciudadanos. Conectar es hacer a los vecinos protagonistas y cómplices de las actuaciones que propongamos. Conectar es recuperar la confianza con la firme convicción de no cometer los mismos errores.

No se trata de proponer imposibles sino de configurar un proyecto político realista, serio y progresista. Sabemos de las limitaciones que existen. Cada vez es menor el margen de maniobra, pero de lo que estamos seguros es que desde ese margen podemos hacer muchas cosas para ayudar a la gente. Desde ese margen se puede y se debe aumentar la capacidad de decisión actual de un gobierno a todos los niveles, municipal, autonómico, nacional e incluso en el seno de la Unión Europea.

Si algo hemos aprendido en todo este tiempo es que no podemos conformarnos con el voto de nuestros vecinos cada cuatro años. Ha de ser el propio partido el que esté decidido a procurarse un apoyo ciudadano constante a lo largo de toda la legislatura. 

No hace falta que nadie me convenza de que la gran mayoría de los que integramos el Partido Socialista somos de otra manera respecto a aquellos que solo están en política por su propio interés. Tampoco hace falta que me digan que eso tenemos que demostrarlo día a día, a través de una conducta pública intachable, de una permanente conexión con nuestros vecinos, principalmente con los que han depositado con su voto su confianza en nosotros. Somos de otra manera, como la mayoría social de este país.  

Cuando nuestros vecinos crean que merecemos de nuevo su confianza volveremos a gobernar. Hagámoslo de otra manera. No volvamos a fallarles. Este es el reto.  

El por qué de la disciplina de voto

En nuestro sistema parlamentario existe libertad de voto, pero dado el tipo de sistema político y electoral que tenemos en España soy de la opinión que los parlamentarios deben ejercerlo excepcionalmente, por lo que entiendo la disciplina de voto de forma generalizada en los grupos parlamentarios. Para motivar esta opinión me baso el peso que tienen los partidos en la configuración de las listas electorales.

Es este mismo sistema político y electoral el que permite a los partidos políticos ostentar la representatividad de la voluntad ciudadana, al ser éstos los que tienen la máxima capacidad de configurar una lista electoral y no los integrantes de la misma.

En España los partidos políticos se financian casi en su totalidad con recursos públicos y son los instrumentos en los que concurren la formación y manifestación de la voluntad popular tal como señala la Constitución. 

Tal circunstancia les dota de legitimidad, autonomía y capacidad sobre la configuración de listas electorales. Es el partido el que costea la campaña electoral con estos recursos y no los candidatos con los suyos propios. Es el partido el que mayoritariamente cuenta con el respaldo electoral a través del voto y no los candidatos de una lista, que en la mayoría de los casos son desconocidos por sus propios votantes.

Desde este punto de partida, por mucho que un parlamentario español quiera ejercer autónomamente su libertad de voto, ha de tener en cuenta que en la gran mayoría de los casos es su partido y no su persona la que ha recibido los sufragios suficientes para que él ostente la condición de parlamentario.

Nada tiene que ver con otros sistemas como algunos anglosajones. El modelo presidencialista permite una elección de los representantes populares en las cámaras legislativas muy alejada al control de los partidos políticos. En Estados Unidos por ejemplo, son los candidatos quienes se financian mayoritariamente su propia campaña con sus propios recursos. 

Es por esto que necesariamente, los candidatos encuentren en esta circunstancia una mayor representatividad individual no solo con sus electores, sino particularmente con aquellos que han colaborado en la financiación de su campaña: donantes individuales, colectivos sociales, grupos de interés, lobbies empresariales, etc. 

En estos sistemas los partidos son un mero vehículo para poder conducir la campaña. En los sistemas parlamentarios europeos como el español los partidos son los depositarios de la confianza de los votantes, no los candidatos. De ahí que solo excepcionalmente y siempre que antes se haya producido un debate interno en el seno del Grupo Parlamentario sin ser posible consensuar una posición común, entiendo la discrepancia personal en el voto sobre cuestiones que contradigan principios y valores intrínsecos al parlamentario.

Con esta reflexión no pretendo juzgar nuestro modelo sino razonar la disciplina de voto existente en nuestro sistema parlamentario.