La realidad es tozuda

Artículo publicado en el diario burgosconecta.es el 12 de noviembre de 2016.

El Grupo Municipal Socialista se ha abstenido en la votación sobre el nuevo convenio de reestructuración de la deuda del Consorcio del Desvío. No lo hemos hecho por gusto, lo hemos hecho por responsabilidad ante una probable situación de vulnerabilidad en la que colocaríamos al Ayuntamiento de no aprobarse.

Han pasado cuatro meses desde que este Pleno rechazara este mismo convenio, y en este tiempo la flexibilidad que han demostrado las entidades financieras acreedoras de la deuda del Consorcio no nos dejan satisfechos, ni muchos menos, a pesar de que hayan perdonado el pago de los intereses de demora y se hayan comprometido a revisar las condiciones si se demuestra la imposibilidad de cumplir con los objetivos de amortización previstos. No obstante los socialistas procuramos ser siempre ser consecuentes con nuestros planteamientos.

Después de 2 años reivindicando desde este Pleno el encargo de un informe jurídico externo para determinar las posibles responsabilidades de cada una de las entidades consorciadas respecto a la deuda del Consorcio, además de aclarar cómo debiéramos afrontar su liquidación de encontrarse en causa material de disolución, al fin fuimos capaces de convencer a una corporación, ahora con un gobierno en minoría, para que encargara dicho informe. Todos los grupos estuvimos de acuerdo con que el reputado catedrático en derecho administrativo, Antonio Jiménez Blanco, nos diera su opinión jurídica al respecto. Y la dio, nos guste más o no guste menos, la dio.

La responsabilidad única sobre el conjunto de la deuda del Consorcio recae sobre el Ayuntamiento. El Consorcio se encuentra en causa material de disolución y sus activos y pasivos no se liquidarán de manera ordenada desde el Consorcio sino que pasan automáticamente al Ayuntamiento.

Dos consecuencias, que le debemos única y exclusivamente al señor Alcalde, Javier Lacalle, gracias al Convenio que firmó con las entidades financieras en mayo de 2014, comprometiéndose con el cumplimiento de dos hitos que sabía que eran de imposible cumplimiento.

Que a 31 de diciembre de 2015, el valor de los activos fuera superior al de la deuda y que los ingresos obtenidos de la venta de esos activos pudieran hacer frente a los intereses generados en el periodo.

Lacalle decidió dar una “patada a seguir” como en el rugby para no tener que pagar la deuda comprometida en 2015, año en el que se la jugaba electoralmente, y trasladar el problema a la futura corporación, o sea, a nosotros, colocando a la ciudad en un callejón sin salida, como también subraya Jiménez Blanco en su informe.

Los socialistas estamos seguros que la constitución de este Consorcio en 2003, fue una buena solución para hacer frente a los compromisos adquiridos en el Convenio del Desvío firmado por el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León  y el Ministerio de Fomento en 1998, con las tres administraciones gobernadas por el Partido Popular. Pero también estamos seguros que nada tenemos que ver con el Convenio  de 2014 ni con el que nos presentó a hechos consumados hace cuatro meses el Sr. Foronda, consejero delegado del Consorcio y concejal de Hacienda del Ayuntamiento.

En cambio y diferencia de otros grupos, nosotros no vamos a utilizar un asunto tan serio y complejo como éste partidistamente. Los socialistas no buscamos ninguna rentabilidad política, ni haremos estrategia alguna con ello.

Los socialistas queremos evitar que nuestra ciudad pueda verse abocada a la parálisis más absoluta. Queremos evitar que nuestro Ayuntamiento sea intervenido una vez más de forma muchos más agresiva, imposibilitando afrontar nuevas inversiones durante muchos años, con importantes subidas de los tributos y reduciendo considerablemente el gasto social. Nosotros no queremos eso para Burgos.

Los concejales socialistas sabemos ser consecuentes con una realidad que es tozuda. La deuda del Consorcio la tenemos que pagar sí o sí, independientemente de otras consideraciones. Esto es un hecho irrefutable.

Nuestra abstención no es por tanto un voto de aprobación, sino un voto de responsabilidad, que supone una nueva oportunidad para empezar a corregir con el tiempo la actual situación en la que el señor Lacalle nos ha metido.

Daniel de la Rosa

Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Burgos

Recuperar el PSOE, parte II

 Artículo publicado en el diario.es el 2 de noviembre de 2016

El 4 de octubre, tres días después del Comité Federal más aciago que haya celebrado nunca el Partido Socialista, publiqué un artículo en este diario de título “Recuperar el PSOE”. De las dos opciones entre las que este mismo órgano tendría que decantarse un par de semanas después a saber, mantener la resolución del 28 de diciembre de 2015 y apostar por unas terceras elecciones en menos de un año, o aprobar una nueva resolución y abstenerse ante una nueva investidura de Mariano Rajoy, taché ésta última como la más posibilista.

En primer lugar porque era obvio pensar que después de que el máximo órgano entre congresos concluyera con la dimisión del Secretario General, la posición que este defendía (“no es no”), no iba a encontrar el mismo respaldo ni en la Comisión Gestora, ni en el propio Comité Federal. En segundo lugar porque la opción de convocar un Congreso exprés se acababa de descartar por el Comité Federal, dificultando al extremo abordar la elección de un nuevo Secretario General antes de que se resolviera la gobernabilidad del país. En tercer lugar porque la dimisión forzada de Sánchez había dejado a la organización sin liderazgo ni dirección, sin candidato y con el partido sangrando, abierto en canal a mes y medio de una nueva campaña electoral. Y en cuarto y último lugar porque de acudir a unas terceras elecciones en estas circunstancias era muy probable que el resultado en la urnas concedería al Partido Popular una mayoría amplia, tal vez absoluta, con el riesgo de dejar al PSOE como tercera fuerza política con un Grupo Parlamentario muy mermado.

Durante las semanas siguientes, lejos de abordarse la preparación del Comité Federal del 23 de octubre desde la máxima sensibilidad y pedagogía posibles con la firme voluntad de evitar una mayor fractura, explicando los motivos por los cuales la abstención era de entre las dos opciones la menos mala, prácticamente ninguno de los que abogaban desde hacía meses por ella y que provocaron la caída de Sánchez al frente del partido, tuvieron el coraje de hablar claro a los militantes. Era sorprendente que ninguno de ellos se atreviera a pronunciar la palabra “abstención”, siempre recurriendo a referencias veladas hasta apenas unos días antes del nuevo Comité.

En mi artículo del día 4 abogaba porque el Comité Federal pulsara la opinión de los militantes a través de la convocatoria de Asambleas en todos las Agrupaciones donde pudieran debatirse los pros y los contras de ambas opciones y reflejar formalmente el sentir mayoritario en cada una de ellas. Esta fórmula, de haberse impulsado por la Comisión Gestora, hubiera proporcionado un canal legítimo para trasladar las voluntades de los militantes, respetando siempre la capacidad última del Comité Federal de decidir, ya que es el órgano competente para ello. Suponía también una alternativa con mucho mayor encaje estatutario que una consulta directa a los militantes o una recogida de firmas impulsada desde determinadas Agrupaciones. Pero la Comisión Gestora no lo consideró en ningún momento y derivó todo el debate al seno del Comité Federal.

¿Y qué hubo de la posibilidad de limitar la abstención del número imprescindible de diputados para garantizar la investidura de Rajoy? No fueron pocas las Ejecutivas Municipales que como la de Burgos, defendieron la “Abstención técnica” con anterioridad al Comité Federal del 23 de octubre, trasladando formalmente esta petición por escrito a la Comisión Gestora y al propio Comité. El que no se acordara en la resolución aprobada finalmente fue una enorme decepción para muchos de nosotros, pero no por ello algunos perdimos la esperanza de que hubiera una interpretación flexible del mandato antes de obligar a todo el Grupo Parlamentario a abstenerse provocando mayor tensión, mayor confrontación y sobre todo, una división del propio Grupo en la votación de la investidura. Cabía pensar que al menos 11 de los diputados, en varios casos miembros del Comité Federal que habían votado por la abstención, no tendrían mayor dificultad de hacer lo mismo en el Congreso. Una vez más la inflexibilidad de la Comisión Gestora fue absoluta y como no podía ser de otro modo, la gran mayoría de los diputados socialistas se abstuvieron y Rajoy fue investido presidente en segunda votación.

En este tiempo la opción más posibilista se acabó concretando, pero lejos de irse corrigiendo las diferencias, un mes después existe una fractura aún mayor en el seno del partido, con un frentismo desconocido hasta este momento, visceral, en el que compañeros no dudan de calificar de traidores a aquellos que no piensan como ellos. Lejos de trasladarse una verdadera voluntad de entendimiento y consenso entre las diferentes partes del conflicto, todo indica que esta situación, de no corregirse ciertas actitudes de los principales exponentes de una u otra posición, está abocada a empeorar en los próximos meses.

Por un lado tenemos a Sánchez, que decidió dimitir de diputado, permitiéndole evitar así negar el mandato del Comité Federal, lo cual me pareció una decisión honesta. También anunció que tenía la intención de presentarse a la Secretaría General en el próximo Congreso empezando desde ya a recorrer las Agrupaciones en su campaña. Una decisión legítima, pero que en estos momentos considero precipitada. Las distintas candidaturas que pudieran presentarse deben esperar a que se establezca el calendario congresual, lo cual debiera abordarse lo antes posible. Sánchez también ha hablado de aproximarse a Podemos y de aceptar un Estado plurinacional. Son dos cuestiones políticas de tal transcendencia que deben ser objeto del debate político y estratégico en el próximo Congreso, no a través de los medios de comunicación.

Por esto mismo, encontrándose la organización en tiempo de descuento y ante la necesidad de abordar decisiones políticas de primer orden que deben aclarar hacia donde tiene que ir el PSOE en los próximos años, existen motivos suficientes para considerar que el carácter del Congreso debiera ser ordinario y no extraordinario. Ya está resuelta la gobernabilidad y es el momento de que la Comisión Gestora convoque un nuevo Comité Federal que apruebe el calendario congresual. El partido no puede estar divagando sin dirección ni liderazgo indefinidamente, dejando la iniciativa a una Comisión Gestora que debiera limitarse a sus funciones y toda la responsabilidad a la dirección del grupo parlamentario.

Por otro lado tenemos aquellos que se sienten culpables de la situación del partido y pretenden evitar que el Congreso se celebre en los próximos meses, dado que de presentarse alguno/a de ellos/as, tendrían a priori pocas opciones de contar con el favor de la militancia. Si la convocatoria de un Congreso exprés por parte de Sánchez la tacharon de tactismo y pura estrategia personal del ex secretario general, el retrasarlo ahora no merece otra calificación. La actitud demostrada hasta ahora por la Gestora no invita al optimismo. Si no hay flexibilidad en las posiciones frente a los que no piensan lo mismo, no va a ser posible abordar con las suficientes garantías un Congreso que el partido no puede permitirse el lujo de cerrar en falso.

La elección directa de la Secretaría General con el voto directo de los militantes no debería estar en cuestión. Personalmente creo el que problema no radica tanto en la legitimidad que le confiere una elección directa a un Secretario General en comparación con la legitimidad de los órganos colegiados formados por representantes elegidos democráticamente, sino en revisar los canales de control necesarios para evitar tanto la manipulación de la representatividad que proporciona la elección directa, como la interpretación que estos órganos colegiados pudieran hacer en favor de estrategias partidarias. En cualquier caso, solo el Congreso podría considerar revisarla.

La opinión personal de un Secretario Municipal no es ni mejor ni peor que la de cualquier militante, ni que la de cualquier otro dirigente o ex dirigente del partido. Pero todas ellas deben tenerse en consideración. La mía particularmente solo tiene el propósito de contribuir a ir corrigiendo la fractura, abogando por el consenso entre los diferentes actores del conflicto para que se tomen las mejores decisiones posibles.  Estamos en el momento más crítico del partido desde la transición. Espero que estemos a la altura. Espero que entre todos acertemos.